Integrantes de organizaciones trans mantuvieron este martes a la mañana, una reunión virtual con la ministra del Superior Tribunal de Justicia de San Luis, Cecilia Chada. La agenda del encuentro estuvo marcada por tres temas que son banderas de lucha e igualdad para la comunidad travesti, transgénero y transexual: el cupo laboral trans, la ley integral trans y el acceso a justicia.
“Fue un gesto enorme y un gran paso. Es muy importante para nuestras organizaciones civiles que una ministra del Superior Tribunal nos reciba y escuche, teniendo en cuenta que la población travesti siempre ha sido relegada por el Poder Judicial en el resto del país”, contó Gema Rosales, Jefe del Área de Diversidad de Género de la Secretaria de Estado de la Mujer y coordinadora de la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina (ATTA-Filial San Luis).
La reunión se extendió poco más de una hora y se realizó mediante videoconferencia. Además de Rosales, participaron Alejandra Miranda de ATTTA-filial Villa Mercedes, Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina LGBT+; y Marcela Romero a cargo de ATTTA Red Nacional.
Massenzio y Romero son dos referentes importantes de Argentina y la región, con años de lucha por una democracia más igualitaria. En 2018, en Bogotá, Romero alzó la voz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violencia contra el colectivo trans por parte del Estado argentino.
Flavia Massenzio, por su parte, es coordinadora de la primera Defensoría LGBT de Argentina y la primera que es parte de una Defensoría del Pueblo en América Latina. Dicho espacio fue creado en 2014 con el objetivo de hacer cumplir los derechos reconocidos legalmente en materia de diversidad.
“La presencia de ellas dos en la reunión con la ministra Chada fue un hecho importantísimo y sirvió para poner en contexto nuestros proyectos, nuestras reivindicaciones y todo lo que vivimos. En San Luis por suerte no se han registrado en los últimos tiempos índices de crímenes de odio, pero en resto del país sí y que la justicia nos escuche y sepa por lo que atravesamos es un primer paso”, explicó Gema.
Según el último informe del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT en el primer semestre de 2020 se cometieron 69 crímenes donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género fueron usadas para vulnerar derechos y matar.
“Por todo esto luchamos, por una inclusión laboral verdadera y una ley integral que contemple el acceso a los derechos que nos negaron durante mucho tiempo. San Luis está un pasito adelante del resto de las provincias pero todavía falta mucho”, comentó Rosales.
Y concluyó: “La ley integral busca garantizar el acceso a todos los derechos humanos de la población trans. Por eso son tan importantes estas reuniones con distintos organismos del Estado. Habrá una nueva reunión con el Superior Tribunal de Justicia, con día y horario a confirmar”.
En San Luis se aplica desde hace algunos meses el plan nacional “Potenciar trabajo”, una iniciativa laboral pública que beneficia a poblaciones trans de todo el país. De acuerdo a datos informados por la Agencia de Noticias estatal, el total de beneficiarios en el país es de 3.536, de los cuáles 49 son sanluiseños.
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Fotos: Gentileza ATTA San Luis.