“La idea de la ley es concientizar para que se pueda visibilizar toda esta temática, del maltrato, de las violencias en materia de niñez, adolescencia y familia”, ese fue el objetivo del panel “Ley Lucio: un antes y un después” que estuvo a cargo de la Jueza Penal Juvenil y Contravencional de la 1ª Circunscripción Judicial, Daniela Benenati.
La charla se realizó el pasado viernes, en el marco de la Segunda Jornada de promoción y protección del desarrollo neuro-socio-afectivo y cognitivo de la infancia a la que asistieron docentes, estudiantes, funcionarios del gobierno provincial y personal de la Universidad Nacional de San Luis.
Aunque la provincia de San Luis aún no adhiere a la Ley Lucio (Ver “SOBRE LA LEY…”) el propósito de la jueza fue realizar una tarea de concientización y capacitación “nosotros adelantándonos a lo que se viene vamos a dar toda la normativa a nivel nacional, internacional y provincial en materia de niñez, adolescencia y familia”. Si bien la referida ley nacional prevé un “Plan Federal de Capacitación”, la idea fue realizar una introducción al tema dando a conocer la “Convención Internacional de los Derechos del Niño” y la “Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”.
Sobre el plan federal, la magistrada expresó que los asistentes podrán acceder oportunamente cuando la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia implemente las capacitaciones.
“Seguramente el Poder Judicial estará convocado en ese Plan Federal, ya que lo prevé la Ley Lucio: el trabajo interdisciplinario entre todos los poderes tanto ejecutivo como judicial, es decir de todos los operadores que trabajamos con niñez y adolescencia”.
SOBRE LA LEY LUCIO
Benenati informó que la semana pasada se conformó la comisión legislativa que tratará la adhesión provincial a la referida ley nacional.
El 13 de abril, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley Lucio “de prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes (NNyA)”. El proyecto fue impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, un niño de cinco años que fue asesinado a golpes por la madre y su pareja, en noviembre de 2021, en la provincia de La Pampa.
La normativa prevé estos puntos fundamentales:
Capacitaciones obligatorias
Se disponen capacitaciones obligatorias para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en materia de derechos de la infancia y violencias contra NNyA.
Creación de protocolo de actuación
Otro de los puntos que prevé la Ley es que el Poder Ejecutivo y Judicial deberán trabajar articuladamente para la creación de un protocolo que establezca las formas de actuar de las fuerzas de seguridad, instituciones educativas y de salud y demás organismos administrativos de niñez y autoridad judicial con competencia en familia, a los fines de unificar los criterios de acción tanto a nivel nacional como provincial.
El deber de comunicar una situación de vulnerabilidad
Por otra parte, la norma destaca el deber de comunicar que recae sobre integrantes de establecimientos educativos y de salud -públicos o privados-, agentes o funcionarios públicos al advertir una vulneración o amenaza de derechos contra niños, niñas y adolescentes, como así también el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte de la autoridad administrativa o judicial competente.
Campañas de concientización
El Poder Ejecutivo Nacional deberá realizar campañas semestrales de concientización sobre violencia y vulneración de derechos de NNyA, en medios nacionales, provinciales y en entidades públicas nacionales, que brinden información de manera clara y precisa sobre cómo denunciar estas situaciones abusivas y cómo reconocerlas.
Al respecto, Benenatti enfatizó en que “uno de los puntos que remarca esta ley, son las campañas de concientización semestrales que van a estar dirigidas a todos los ciudadanos, a fin de que los mismos puedan ayudar a detectar y prevenir el maltrato y la violencia contra niños, niñas y adolescentes”.
La autoridad de aplicación de esta normativa será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. También la Secretaría será la encargada de producir los contenidos del Plan Federal de Capacitación, en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).
Reserva de identidad
Además, la funcionaria judicial se refirió a otro eje clave de la norma, la reserva de identidad de la persona denunciante. En este aspecto, manifestó que “la idea es que los ciudadanos que detecten un presunto caso de maltrato infantil sepan cómo y dónde denunciar, y en base a esto, la misma normativa establece una reserva de identidad, o sea que la persona que toma conocimiento de esta situación de vulnerabilidad pueda denunciar sin miedo a que su identidad pueda ser revelada; de esta manera se preserva la integridad psicofísica del denunciante”.
Línea telefónica gratuita
Se ordena la obligatoriedad de la implementación de la Línea 102 en cada una de las jurisdicciones del territorio argentino, cuyo objeto es proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este servicio telefónico se implementó en nuestra provincia en el 2021, impulsado para todo el país por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y del Ministerio de Desarrollo de la Nación. En San Luis lo coordina el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Programa Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Familias y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Instituto de Gestión de Emergencia.
La Jueza resaltó que “en la provincia de San Luis ya se encuentra vigente a partir del 2021, funciona los 365 días del año y tiene por objeto contener a través de una escucha activa a los niños, niñas y adolescentes que requieran contención a través de esta línea”.
Por último, Benenatti reflexionó “considero que con esta ley hemos avanzado muchísimo en materia de prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, porque contamos con una normativa que puntualmente se ocupa del tema; en segundo lugar, porque establece una capacitación obligatoria para todos los funcionarios en la materia. También la posibilidad de contar con estas campañas de concientización, lo que le va a permitir a cualquier ciudadano que tome conocimiento, que se atreva a denunciar y que sepa que cuenta con una reserva de identidad”.