Fue una de las temáticas que se abordó en el Pre Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
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Bajo el lema “San Luis con los niños, niñas y adolescentes”, la Fundación de Investigación Social Argentina Latinoamericana –FISAL- dio inicio ayer al Pre Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que finalizará hoy en horas del mediodía. Durante estas jornadas han participado expertos en la materia, responsables de políticas públicas, y organizaciones de niños, niñas y adolescentes, quienes han integrado paneles con temáticas relacionadas al derecho a vivir en familia, el acceso a internet y las redes sociales, la migración infantil y el derecho a vivir en familia, entre otras temáticas que afectan los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El Poder Judicial también ha sido partícipe de este importante evento que se está desarrollando en Caja de los Trebejos, a través de las disertaciones de funcionarias judiciales de San Luis y Villa Mercedes.
Ayer a las 19:00 hs., fue el momento de la Dra. María Victoria Cortázar, Defensora de Menores e Incapaces Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, quien integró un panel con la Dra. Florencia Masotti -Jefa de la Delegación San Luis de la Dirección Nacional de Migraciones-, la Lic. en Psicología Jaquelina Nanclares –Profesora de Psicología Clínica U.N.S.L.- y Emerson Andrés Salazar Huaiquil -Alumno de la Escuela Pública Digital “Issac Newton”-. Como moderadora, intervino la Lic. Gladys Baylac -Asesora Secretaria General Legal y Técnica del Gobierno de la Provincia de San Luis-. La temática que abordaron las panelistas giró en torno a la “Migración por motivaciones socioeconómicas y su incidencia en los derechos del niño a la vida en familia”.
Al respecto, la Dra. Cortázar expuso sobre el caso de la niña haitiana –a quien denominó “Ana”- que fue de gran impacto social y mediático en la provincia de San Luis en el año 2012. La funcionaria realizó un pequeño relato para contextualizar el hecho, donde explicó cómo llega a San Luis la menor. La causa se inició en julio de 2012, con una denuncia realizada en la Defensoría de Menores. Por tal motivo, se pone en movimiento el aparato jurisdiccional y se interviene en la vida de la menor. La niña había sido adoptada en Haití, se encontraba en perfecto estado de salud, pero los padres adoptivos manifestaron que no se había logrado crear el vínculo entre la familia y ella, motivo por el cual presentaron un escrito, poniendo a la menor a disposición de la justicia, aclarando que no se habían completado sus datos migratorios. Los adoptantes trajeron de Haití el acta de nacimiento de la nena, el pasaporte, la sentencia de adopción y el visto bueno de que eran aptos para ser padres. Pero faltaba un sellado que solo se podía conseguir en el Consulado que se encontraba en Haití, lo que implicó que la madre viajara a ese país, donde revocó directamente la adopción.
Ante este panorama, la funcionaria explicó que había que proteger, desde lo emocional y lo familiar, a una niña con más de tres años de residencia en San Luis, que le habían sido afectados sus derechos migratorios y su derecho a una identidad. Aquí se aplicaron los principios de progresividad y no regresividad, explicó la funcionaria, que refieren a que si se ha alcanzado un determinado desarrollo de derechos, el Estado no puede eliminar esos derechos adquiridos. En consecuencia, la Juez interviniente, prevaleciendo el interés superior del niño, puso a la menor bajo la guarda de otra familia que estuviera inscripta en el Registro Único de Adoptantes.
A la fecha, Ana se encuentra perfectamente adaptada a su familia adoptiva y lleva una vida feliz, va a la escuela, practica deportes y tiene una vida normal de una niña de su edad y se pudo cumplir con la radicación de la niña con un total informalismo judicial, con previo permiso del Director Nacional de Migraciones, ya que no se pudieron conseguir los papeles originales, trabajando, en algunos casos, con copias. A tal fin, hubo dos casos similares que citaron jurisprudencia donde no se pudieron conseguir los papeles originales debido a que la tragedia ocasionada en Haití por el terremoto, había destruido casi en su totalidad los lugares que albergaban este tipo de información. El formalismo en si mismo, si bien es para cumplir con la ley, no puede prevalecer ante situaciones donde está en riesgo el bienestar de un niño. “Nuestros niños, niñas y adolescentes tienen un derecho fundamental, el derecho al amor, a crecer en el seno de una familia, y principalmente, a ser feliz”, concluyó la funcionaria villamercedina.
A continuación, la Dra. Florencia Masotti explicó cómo son los procedimientos que se llevan adelante en la Dirección de Migraciones y sus delegaciones, y dio estadísticas sobre el movimiento migratorio que se produce en el país. Asimismo adhirió a la reflexión de la Dra. Cortázar, coincidiendo que debe haber políticas más ágiles y menos burocráticas en materia de niñez, que permitan al menor alcanzar una identidad y que no se vulneren sus derechos.
Por su parte, la Lic. Jaquelina Nanclares expuso un caso de un niño que llegó al consultorio psicológico que ella dirige en la Universidad, que presentaba –según el diagnóstico de la escuela- problemas de expresión. Pero en realidad, luego de entrevistar a sus padres, los profesionales llegaron a la conclusión que el problema no era la falta de expresión del niño, sino de sus padres, lo que no ayudaba a desarrollar este aspecto. Abordando estas dificultades con los padres, al paso del tiempo, el niño no presentó inconvenientes para comunicarse. La dificultad mayor que tenía esta migración, era algo no resuelto del padre con su desarraigo de su país, cuyo temor e inseguridad fue trasladado a su hijo.
Para cerrar el panel, el adolescente Emerson Salazar de la escuela digital “Isaac Newton” –acompañado por su Directora-expuso a través de una proyección como había sido su vida en San Luis hasta hoy, ya que su familia es de Chile y vive hace más de diez años en la provincia. “San Luis es mi segunda Patria”, concluyó Emerson.
Redacción: S. Lucero