En el marco de la entrada en vigencia, a partir del 1º de enero de 2023, de la “Ley de desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes” (Ley Nº V-1081-2022), a través de la cual, la Justicia de San Luis tendrá intervención en casos de narcomenudeo, el Ministerio Público Fiscal se encuentra en la búsqueda de modelos de trabajo que tengan como objetivo promover la labor conjunta entre la comunidad y el Estado, para ser adaptados a programas locales en el proceso de implementación de la Ley.
El narcomenudeo refiere a cualquier conducta de comercio, entrega, suministro o facilitación de sustancias estupefacientes – ya sea en forma costosa o gratuita- y a la tenencia de la misma con el fin de su comercialización, siempre y cuando estas acciones se encuentren dirigidas al consumidor final de la droga ilícita (Arts. 5 y 14 Ley 23.737 en www.mpfciudad.gob.ar).
En ese contexto, en la jornada de ayer, el Procurador General de la provincia, Luis Martínez, participó de la presentación del “Programa de Integración Barrial con la Justicia” elaborado por el Ministerio Público Fiscal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se basa en una estrategia para el diseño de una política criminal centrada en las necesidades de la comunidad. La presentación fue efectuada por autoridades de la Secretaría General de Política Criminal y Asistencia a la Víctima del referido Ministerio, en CABA.
Este tipo de programas conlleva el desarrollo de acciones de coordinación y trabajo colaborativo con referentes sociales y presencia territorial de diferentes organismos estatales.
El desafío es desarrollar mecanismos de intervención a través del trabajo coordinado. La idea que se persigue es que el Fiscal se acerque a la comunidad y construya con ella, las soluciones para hacer frente a esas problemáticas.
Este programa, en particular, toma como punto de partida el modelo de community prosecution desarrollado en los Estados Unidos de Norteamérica, que se basa en la necesidad de enfocar la persecución penal de manera acorde con las prioridades de la comunidad. Las respuestas pueden incluir tanto persecuciones penales “tradicionales” como la aplicación de mecanismos alternativos de solución de conflictos.
El referido programa cuenta con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la incorporación del enfoque a la Agenda 2030, donde uno de los objetivos a cumplir es facilitar el acceso a Justicia a las personas y contribuir a la paz social.