La Cámara Penal N° 2 Residual deberá resolver en los próximos días si acepta o rechaza por improcedente, un acuerdo de juicio abreviado arribado por Fiscalía de Cámara y la parte imputada, en que solicitaron que condenen a 18 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hijastra de 12. Producto de los abusos, la niña tuvo un bebé.
Al acusado de 36 años se le imputan los delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, ambos agravados por el vínculo y la relación de convivencia, todos en concurso real. Los ataques sexuales ocurrieron en al menos tres oportunidades y comenzaron en enero de 2019.
En la audiencia de este miércoles, que comenzó como juicio oral y luego mutó a juicio abreviado, el imputado reconoció los hechos, admitió su culpabilidad y aceptó la calificación legal que le otorgó el Ministerio Público Fiscal y la pena de 18 años solicitada.
“Pido disculpas, sé que no voy a reparar el daño pero quiero cumplir mi condena y cambiar. Conozco los hechos”, dijo el acusado, oriundo de San Luis y padre de dos hijos.
Como el acusado llegó al debate con un pedido de condena de 40 años por parte del fiscal de Instrucción de la causa, Leonardo Navarini Busti, ese monto de pena resultó ser un punto de debate entre las partes durante la jornada de ayer.
Para la fiscal Virginia Palacios la pena ajustada a derecho es de 18 años de prisión, mientras que la de 40 años la definió “como descabellada”. En contraposición, la abogada María Elena Aparicio, representante de la madre de la víctima, rechazó concluir la causa bajo el procedimiento de juicio abreviado. Su opinión no es vinculante.
“Analicé minuciosamente la causa. La pena justa es de 18 años. Lo solicitado por el fiscal de Instrucción no es nulo, pero es irreal y estamos aquí para aplicar el Derecho como corresponde y no para sosegar los ánimos de nadie. Estamos ante un delito cuya escala va de los 8 a los 20 años de prisión y lo que solicitamos está casi al tope de la escala penal”, indicó la fiscal del juicio, Palacios.
En el mismo sentido opinó el Defensor de Niñez y Adolescencia Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, Sebastián Privitera: “estamos cerca del máximo previsto y un contexto de juicio abreviado. El pedido del fiscal fue exacerbado más allá que no hay pena que repare esto. Entiendo el acuerdo arribado y no veo motivos para oponerme”.
Aparicio dijo que “estamos ante tres hechos que la niña no ha podido olvidar. Debemos cambiar el paradigma y solicitar penas más altas que ayuden a erradicar este tipo de delitos. No acepto el acuerdo porque siento que se vulneran los derechos de mi defendida. Ella quedó embarazada por los abusos y tuvo dos intentos de suicidio, por eso no me parece justo llegar a este acuerdo”.
El tribunal le concedió la palabra a la madre de la víctima quién también se manifestó en el mismo sentido que su abogada. “No ha sido fácil sacar a mi hija adelante. He venido a pedir justicia y esta persona no tiene perdón por lo que le ha hecho a mi niña. No estoy de acuerdo con el pedido de pena de 18 años de prisión”, dijo la mujer.
El último en expresar sus argumentos fue el defensor del imputado, Esteban Sala. “El acuerdo resulta adecuado. Tenemos que estar a lo que dicta la ley, que impone una pena máxima de 20 años. No se trata de sacarle entidad a este hecho grave, además se trata de una pena de casi cumplimiento efectivo. La pena es justa, adecuada y al imputado no se le regala nada”, concluyó el Defensor.
El tribunal, integrado por su presidente Hugo Guillermo Saa Petrino y las vocalías de Julio Fernando De Viana y Adriana Lucero Alonso, deberá ahora deliberar y en un plazo aproximado de diez días hábiles informar si acepta o rechaza la propuesta de juicio abreviado.