Es la acción propuesta por el Superior Tribunal de Justicia para proteger a niños, niñas y adolescentes de este flagelo en las redes sociales.
Con el propósito de generar medidas de prevención ante el uso inapropiado de las tecnologías y las redes sociales por niños, niñas y adolescentes, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de San Luis emitió el Acuerdo Nº 262/17, donde convocó a los tres poderes del Estado provincial a realizar acciones conjuntas para acordar un Protocolo de Pautas de Detección y prevención del desafío llamado “La ballena azul”, como así también “cyberbullying”, “cyberstalking”, “sexting” o “grooming”.
La medida fue dispuesta a partir de una presentación efectuada el 11 de mayo del corriente por la Juez de Familia y Menores N° 1, Dra. Estela Inés Bustos, la Defensora de Niñez, Adolescencia e Incapaces N° 1, Dra. Rina Fanny Mercau, y las Secretarias de Violencia Familiar del mencionado Juzgado, Dras. Silvina Daniela García y Cynthia Fernández Paz, todas ellas de la Primera Circunscripción Judicial. En dicha presentación, comunicaron al Alto Cuerpo Judicial sobre un hecho sucedido en una escuela de la ciudad de San Luis en el mes de mayo, donde sus autoridades informaron que una alumna adolescente habría manifestado ante sus compañeras y un profesor que estaba participando del juego “La Ballena Azul”, que se encontraría en el Nivel 15, mostrando luego, cortes en sus brazos (los datos de la causa se reservan conforme la normativa que impone la Ley Provincial N° IV 0089 – 2004, Artículo 20 y cc). La magistrada y funcionarias referenciaron fallo precedente en San Fernando del Valle de Catamarca, Juzgado de Menores de Segunda Nominación, a cargo del Dr. Mario Rodrigo Morabito.
Al respecto, el Superior Tribunal de Justicia manifestó que este tipo de casos negativos atentan contra el derecho a la vida íntegra, en sí mismo, como derechos personalísimos. El Estado debe arbitrar medidas que garanticen la protección integral psicofísica de los niños, niñas y adolescentes. Para ello debe proponer, desarrollar e implementar medidas de acción, prevención, capacitación, concientización y divulgación. “Es urgente; de cara a este nuevo flagelo que utiliza las redes sociales para invadir la intimidad, salud, integridad y la vida misma de nuestros niños, adolescentes y jóvenes; que el Estado sea convocado para el fortalecimiento de la cultura jurídica”, aseveraron los Ministros del Alto Cuerpo.
A su vez, sugieren a las instituciones a orientar con lenguaje sencillo, de rápida interpretación y asimilación para que se pueda comprender en qué consisten estos peligros en la web. En ese sentido reconocen la responsabilidad institucional que compete a los órganos judiciales la que no concluye con la sola resolución de conflictos jurídicos, sino que también se debe velar por una justicia preventiva. “Es importante convocar, concientizar, proponer, exigir; compartiendo con los demás poderes acciones concretas y efectivas para que la Justicia sea una realidad tangible, alcanzable para cualquier ciudadano”.
En definitiva, la Justicia debe ser entendida como un derecho social, que para ser efectivo exige la intervención de muchos otros sectores, además del Poder Judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma la obligación de adoptar medidas para prevenir la vulneración de derechos vinculados a la seguridad ciudadana y que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que su eventual vulneración sea efectivamente considerada y tratada.
De acuerdo a lo expresado, el Alto Cuerpo puso en conocimiento a las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y en especial a los Ministerios de Educación, Salud, Desarrollo Social, Seguridad y a las Secretarías de Estado de la Mujer y de la Juventud de la provincia. Asimismo, propuso una reunión con los tres poderes, y los referidos ministerios para acordar un Protocolo de Pautas de Detección y Prevención de las problemáticas mencionadas. Además de realizar acciones de sensibilización a los operadores judiciales en su rol de divulgadores y concientizadores de una cultura jurídica que proteja los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.
Redacción: S. Lucero
Corrección: Dra. E. Bustos