REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA

En este informe conozca qué son y cuál es el contenido específico de estas reglas, que buscan asegurar el acceso al servicio de justicia a aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad.

Desde el primero de noviembre, el Periódico Judicial tiene una renovada página web, cuya función es brindar a la comunidad judicial y ciudadanía en general el conocimiento necesario sobre las funciones del Poder Judicial en sus distintos ámbitos e información básica sobre derechos, procedimientos y requisitos, a fin de garantizar el acceso a justicia, especialmente a aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad, a las que refieren las Reglas de Brasilia.

Estas reglas fueron aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en marzo de 2008, y actualizadas en la XIX edición de la Cumbre que tuvo lugar en abril de 2018 en San Francisco de Quito, Ecuador y tienen por objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Entre otras normas relacionadas a la información, las reglas de Brasilia incluyen el derecho a la información de actuaciones judiciales para personas con discapacidad conforme a la Convención de Derechos de las personas con discapacidad.

¿Qué son las Reglas de Brasilia?

Las Reglas de Brasilia conforman un total de 100 normas cuya finalidad es la de garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Para ello establece un conjunto de políticas y medidas que les permitan y aseguren el pleno reconocimiento y disfrute de los Derechos Humanos en todos los sistemas judiciales iberoamericanos. Su marco de aplicación son los sistemas judiciales de los 23 países iberoamericanos que abarcan a aproximadamente 608 millones de personas.

¿Por qué se crean las Reglas de Brasilia?

Las Reglas de Brasilia fueron elaboradas por Cumbre Judicial Iberoamericana en 2008 como consecuencia de una necesidad regional, orientada a garantizar el acceso a la justicia de personas en condiciones estructurales de vulnerabilidad, dada por diversos factores. Toman como premisa que no basta con el reconocimiento formal de un derecho por parte del Estado si su titular no puede acceder de forma efectiva a su tutela y establecen la necesidad de que el sistema judicial se configure como un instrumento para la defensa de las personas más vulnerables.

¿Quiénes deben aplicar las Reglas de Brasilia y cómo?

La finalidad de estas reglas consiste en establecer unas bases de reflexión y unas líneas de actuación que tengan como destinatarios, en primer lugar, a los poderes públicos, para que promuevan el desarrollo de políticas públicas que garanticen dicho acceso; y, por otro lado, a todos los servidores y operadores del sistema de justicia, para que otorguen a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares: integrantes de la judicatura, fiscalía, defensoría pública, procuraduría y demás personal que laboren en el sistema de administración de justicia de conformidad con la legislación interna de cada país; profesionales de la abogacía y Derecho, así como los Colegios y Agrupaciones de Abogados; las personas que desempeñan sus funciones en las instituciones de la Defensoría del Pueblo; policías y servicios penitenciarios; y, con carácter general, los poderes públicos con competencias en administración de justicia, los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.

 

¿Cuál es el contenido específico de las Reglas de Brasilia?

Las Reglas recogen, entre otros lineamientos o directrices:

  • Promoción de una asistencia legal y defensa pública de calidad y especializada, así como gratuita cuando la persona se encuentre en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones y a personas menores de edad cuya madre sea víctima de violencia de género o doméstica.
  • Asistencia gratuita de una persona intérprete o traductora en determinados supuestos.
  • Contemplan la necesidad de revisar las reglas de procedimiento para facilitar el acceso a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, en lo que se refiere a las medidas procesales relativas a la tramitación donde deberían revisarse, por ejemplo, las tasas judiciales, los peritajes e informes profesionales.
  • Subraya la necesidad de revisar los requisitos exigidos para la práctica de los actos procesales, como, por ejemplo, revisar la obligación de estar presente cuando se trate de traslados costosos o complejos por las relaciones laborales de la persona implicada y puedan existir medios alternativos.
  • Promueve la oralidad y favorece la agilidad en la tramitación de los procesos especialmente en algunas materias como, por ejemplo, alimentos, manutención, régimen de visitas, vivienda o necesidades básicas.
  • Estímulo de las formas alternativas de resolución de conflictos.
  • Promoción de actuaciones destinadas a proporcionar una información básica sobre los derechos (cultura jurídica).
  • Impulso de los sistemas de resolución de conflictos dentro de las comunidades indígenas, afro descendientes o pertenecientes a otras diversidades étnicas y culturales, para propiciar la armonización de los sistemas de administración de justicia estatal y los medios de administración de justicia tradicional de estas comunidades, basada en el respeto mutuo y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
  • Información sobre los aspectos relevantes de la intervención en el proceso (contenido, tiempo y forma de la información).
  • Destaca la necesidad de mejorar la comprensión del acto judicial, reduciendo las dificultades de comunicación, tanto en actuaciones orales como en resoluciones escritas.
  • Establece las condiciones de la comparecencia en dependencias judiciales (asistencia, información, así como reglas sobre el lugar, el tiempo y la forma).
  • Destaca la necesidad de protección de la intimidad (reserva de actuaciones, toma y difusión de imágenes, protección de datos personales especialmente cuando se encuentran en soporte digital).

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Prensa Judicial Villa Mercedes

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