Para avanzar en la implementación del Convenio para la publicación de estadísticas judiciales.
En el día de ayer, se realizó una reunión entre funcionarios e integrantes de la Secretaría de Informática Judicial y los Dres. Sandra Elena -Coordinadora del Programa de Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- y Carlos Gregorio -Colaborador del referido organismo nacional. El motivo del encuentro fue comenzar a implementar el Convenio para la publicación de estadísticas judiciales que firmó el Ministerio de Justicia de la Nación con 50 instituciones judiciales de todo el país, en octubre del 2016.
El objetivo del programa es obtener datos e información confiable del sistema de justicia argentino -tanto en materia penal como no penal- a través de una metodología de construcción de datos primarios, que permitirá a las provincias compartir la información con el Ministerio de Justicia para la estandarización y producción de estadísticas.
Al respecto, el Dr. Gregorio expresó que “queremos saber cómo está funcionando el sistema judicial, sus logros y problemas. Fundamentalmente permitirá contar con información muy confiable y detallada sobre cómo están desarrollándose las actuaciones judiciales y la elaboración de políticas judiciales y la toma de decisiones facilita mucho más objetivos que sólo tener en cuenta las percepciones de cómo están las cosas; el objetivo es una política judicial basada en información confiable”.
Asimismo la Dra. Elena expresó que “la situación de la provincia de San Luis es muy avanzada y óptima para cumplir con este convenio ya que cuenta con procesos electrónicos y equipos técnicos excelentes, así que la implementación va a ser fácil si nos ponemos de acuerdo en aspectos técnicos, vamos a lograr una colaboración muy efectiva.”
Finalmente el Dr. Gregorio comentó que realizó una investigación sobre el concepto de transparencia y analizó los poderes judiciales de cada provincia de tres países latinoamericanos – Brasil, México y Argentina-, revisando los procesos de contratación de los sistemas de gestión de causas. “El resultado fue que solamente dos provincias cumplían las condiciones de transparencia indicada, a saber: el Estado de San Pablo y la provincia de San Luis”, y añadió que “en los demás países de América Latina la transparencia era opacidad no se podía saber cómo se había llegado a esa información y eso para nosotros es un aliciente porque sabemos que estamos con una provincia que tiene un estándar de transparencia muy elevado y no hay que olvidar que la estadística es la punta de lanza de la transparencia”.
Redacción: M.C. Hang
Corrección: J.N. Sanchez