Este jueves a la mañana, integrantes del Programa Derecho y Garantías Constitucionales que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto del Gobierno Provincial, mantuvieron un encuentro con el Superior Tribunal de Justicia de San Luis (STJ) y el Procurador General de la Provincia.
Se trató de una reunión informativa en el marco de una serie de encuentros que los funcionarios del Ejecutivo mantienen con instituciones relacionadas al Derecho de cara a la reglamentación de la Ley Nº I -1044-2020 “Desarrollo de Proyectos Productivos y/o Económicos de Personas Condenadas, en parajes de la provincia de San Luis”.
Estuvieron presentes por parte del STJ, su presidente Jorge Levingston, el ministro Jorge Fernández y las ministras Carolina Monte Riso, Cecilia Chada y Diana Bernal; el Procurador General de la Provincia, Luis Martínez y por parte del programa provincial, Alejandro Cordido, Antonella Romagnoli y Nadia Agúndez.
DE QUÉ HABLA LA LEY
Según Cordido, “Esta ley permite que las personas privadas de la libertad -por determinados delitos- puedan cumplir una parte de su pena en los parajes de la provincia desarrollando un proyecto productivo. Para hacerlo, tienen que generar una vinculación con algún poblador, proponer un proyecto que será evaluado por el Ministerio de Seguridad de la provincia, el Servicio Penitenciario y por el Ministerio de Producción. Si se cumplen todos los requisitos, esa persona estaría en condiciones de cumplir su condena en un paraje”.
La norma aprobada en noviembre de 2020 por la Legislatura provincial, no obstaculiza de ninguna manera las competencias que tiene el Poder Judicial en lo que respecta al control de la ejecución de la pena privativa de la libertad.
Cabe señalar que la ley establece que no podrán acceder a este beneficio las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, homicidios agravados, privación ilegal de la libertad, secuestro extorsivo, delitos de violencia de género, contra la seguridad pública, entre otros.
“Las cárceles de la Nación serán para seguridad y no para castigo”, bajo esta premisa constitucional, la ley argentina establece que la privación de la libertad y el cumplimento de la pena tienen como objetivo, que la persona condenada entienda la gravedad de los actos cometidos y pueda reinsertarse socialmente respetando y comprendiendo las normas que nos ordenan como sociedad, también reconoce que esta rehabilitación no puede ser lograda sin la comprensión y el apoyo de la comunidad. En ese espíritu, esta norma busca ser un modelo superador al modelo tradicional carcelario de la ejecución de la pena.
El interno que quiera acceder a esta modalidad deberá presentar un proyecto comercial y/o productivo y especificar el lugar en donde residirá mientras lo desarrolle. La propuesta, será remitida al Ministerio de Seguridad y al de Producción para que se autorice o rechace; para tomar esta decisión se basará también en informes técnicos-criminológicos y otros antecedentes.
Cabe señalar que la supervisión del cumplimiento de las condiciones de este beneficio, estarán a cargo del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Provincial. También se prevé la utilización de un sistema de geolocalización (tobillera electrónica) para controlar que el condenado permanezca en el lugar de residencia.
“Se trata del primer proyecto de este tipo a nivel nacional, busca una reinserción social efectiva, bajo los principios de la justicia social, la solidaridad, del humanismo y por eso entendemos que los vecinos y vecinas de estos parajes deben ser parte de estos procesos”, manifestó Cordido.
Para el funcionario es “necesario comprender, que la resocialización de las personas privadas de la libertad es una responsabilidad de toda la sociedad”, finalizó.
Redacción: V. Besso
Corrección: E. Jofré