La jueza de Garantía N° 2 de la Primera Circunscripción, Agustina Dopazo, ordenó la prisión preventiva para Diego Martín Becerra, investigado por un robo ocurrido el 2 de febrero en un campo del paraje Árbol Solo, en el Departamento Belgrano. La medida de coerción será por 60 días mientras continúa la investigación y la incorporación de evidencias en la causa.
A Becerra se le imputa el delito de robo calificado por la violencia ejercida en su comisión, que causó lesiones previstas en el artículo 90 del Código Penal, y por haberse cometido en despoblado y en banda, conforme al artículo 164 en relación con el 166, incisos 1 y 2. Los damnificados son una pareja de adultos mayores, quienes fueron maniatados y golpeados.
En la reanudación de la audiencia, tras el pedido de prórroga de detención solicitada por la defensa, la magistrada dio por formulados los cargos contra el hombre de 43 años e hizo lugar al pedido de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de dictar una medida de restricción de la libertad por la existencia de riesgos procesales.
La fiscal adjunta Ornella Costa solicitó que la preventiva fuera de 90 días e informó que entre las evidencias que restaban incorporar estaban los informes del Departamento de Investigación de Delitos Complejos sobre los celulares secuestrados a Becerra, una rueda de reconocimiento y declaraciones a testigos. Al dictar su resolución, Dopazo entendió que el plazo de dos meses era suficiente para cumplimentar con la evidencia pendiente y luego continuar con las demás etapas procesales.
La prisión preventiva no tiene carácter de pena, sino que se trata de una medida cautelar de carácter provisional y revisable, cuyo propósito es garantizar los fines del proceso.
La palabra de la defensa
El imputado se abstuvo de declarar. Sus abogados defensores, Cristóbal Ibáñez y Nedo Gómez, se opusieron a los cargos formulados por la fiscal Costa porque entienden que son “deficitarios”, y que luego de cotejar las declaraciones de una de las víctimas “surgen inconsistencias sobre la vestimenta y aspecto físico de las personas que llegaron hasta la casa a pedir agua”, sostuvo González.
Y agregó: “Por otra parte, en ningún momento el relato de la señora, ni ante la policía ni en la entrevista de fiscalía, surge la identificación del vehículo Renault 12 rojo. Todo lo contrario, es la misma fiscalía quien intenta introducir en dicha entrevista las características del rodado, ya que la mujer no lo reconoció ni identificó”.
Asimismo, la defensa desestimó la relevancia del allanamiento realizado en la vivienda de Becerra, ubicada en la zona rural de Río Grande, y que diera lugar a la detención, al considerar que los elementos secuestrados no constituyen evidencia incriminatoria.
Los abogados también justificaron la presencia de varios teléfonos celulares en el domicilio de su representado, y explicaron que se debe a que se dedica a la reparación de dispositivos móviles y hace changas en Pampa del Tamboreo. Además, remarcaron que Becerra es el principal sostén de su familia, integrada por cuatro hijos, dos de ellos menores de edad.
Por otro lado, la defensa puso en duda la posibilidad de que el vehículo de su cliente haya efectuado el trayecto que sostiene la fiscalía, tanto por el estado del automóvil como por la elección de una ruta más extensa e ineficiente. Finalmente, consideró “excesivo” el pedido fiscal de una medida de 90 días de detención preventiva.
El caso
Según la teoría del caso de la fiscalía, el 2 de febrero al mediodía, el imputado junto a dos personas cuya identidad aún está en proceso de determinación, se presentaron en el campo del matrimonio y argumentaron que su vehículo, un Renault 12 rojo, había sufrido desperfecto y les solicitaron agua para el motor. Los dueños de casa les proporcionaron el agua requerida y luego se retiraron del lugar.
Aproximadamente a las 13 horas, mientras la pareja dormía, estas tres personas presuntamente regresaron a la vivienda con intenciones de robo. Ataron de pies y manos a dueña de casa, le colocaron una bolsa en la cabeza y la golpearon en distintas partes del cuerpo mientras la amenazaban de muerte si no permanecía en silencio, según consta en la denuncia. Luego, se dirigieron a la habitación donde descansaba su esposo y lo agredieron en la cabeza, exigiéndole que entregara el dinero.
Una vez que los sospechosos huyeron del lugar, el hombre logró desatar a su esposa, que de inmediato contactó a una amiga que fue quien llamó al 911 y pidió asistencia médica. A partir de la denuncia, personal de la Comisaría de Los Manantiales inició tareas investigativas y logró obtener grabaciones de cámaras de seguridad de la estancia “El Silencio”, propiedad de la empresa Rovella Carranza, ubicada en cercanías del lugar del hecho.
Según la defensa de Becerra, las imágenes obtenidas de esas cámaras de seguridad no permiten visualizar con claridad la patente del automóvil en cuestión, lo que debilita la hipótesis acusatoria.
“En dichas imágenes, se observó a los sospechosos dirigiéndose hacia el domicilio de las víctimas a bordo del Renault 12 rojo alrededor de las 10:45. Posteriormente, se los vio retirarse cerca de las 12 del mediodía. Más tarde, a las 13:30, se registró su regreso a la vivienda de los damnificados, y finalmente, se los observó huir a las 14:46. En los registros fílmicos se distinguen tres personas a bordo del vehículo, dos en la parte delantera y una en el asiento trasero”, narró la fiscal en la audiencia de formulación de cargos.
A través del sistema de lectura de patentes, se determinó que el Renault 12 rojo estaba en una finca ubicada en Pampa de Tamborero y que el vehículo pertenecía a Becerra. Con esta información, se solicitó un allanamiento al Juzgado de Garantías N° 1, medida que arrojó resultado positivo.