La Escuela de Especialización para Magistrados y Funcionarios y Capacitación para el Personal Judicial “Dr. Juan Crisóstomo Lafinur” informa que se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la Formación en Derecho y Justicia Ambiental.
Esta capacitación inicia el próximo 26 de agosto y finaliza el 25 de noviembre de 2022. Se dictará bajo modalidad virtual, 100% sincrónica, mediante plataforma con acceso a clases grabadas y material bibliográfico básico y complementario de cada módulo.
Está dirigida a integrantes, funcionarios y empleados del Poder Judicial, como así también a operadores jurídicos. Es necesario tener título de abogado.
PROGRAMA
Programa. Formación en Derecho y Justicia Ambiental
MODALIDAD DE CURSADA
Se ofrecen dos opciones:
- Asistente sin evaluación: se deberá acreditar la asistencia del 80% de las clases dictadas.
- Asistente con evaluación: se deberá acreditar el 80% de asistencia, participar en los foros y en los talleres prácticos, y realizar la evaluación final integradora.
El horario de cursada será los días viernes de 15:00 a 19:00 hs. y los sábados de 09:00 a 13:00 hs.
COSTO DE MATRÍCULA
Arancel general:
- Sin evaluación. Solo asistencia: $15.000
- Con evaluación: $20.000
Descuento para integrantes de organismos auspiciantes:
- Sin evaluación. Solo asistencia: $12.000
- Con evaluación: $16.500
Medios de pago: Descuento por planilla mensual (para miembros del Poder Judicial) en 4 cuotas o Transferencia bancaria (para externos).
INSCRIPCIONES
Para garantizar la dinámica de intercambio en cada clase, la presente formación es de cupos limitados.
Las personas interesadas en participar, deberán completar el siguiente formulario de pre-inscripción: https://forms.gle/WPrBWGqJ5VFwkHPk6 y aguardar el contacto vía mail para avanzar con la confirmación correspondiente.
Esta capacitación surge en el marco del Acuerdo N° 373 del Poder Judicial, dictado en función de la Ley Nº IV-0086-2021 “Ley Orgánica de la Administración de Justicia de la provincia de San Luis”, por el cual se instruye a capacitar a su personal en las especificidades del Derecho Ambiental, en línea con la reciente entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú y haciendo eco de la producción de conocimiento teórico y metodológico desarrollada desde la Declaración de Estocolmo de 1972, con un notable crecimiento en el período reciente.