Este jueves se realizó una audiencia de formulación de cargos en el Juzgado de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la jueza Natalia Lazarte Otero, en la que se imputó a un hombre sospechado de cometer cuatro hechos delictivos en un lapso de seis meses. La magistrada dispuso su prisión preventiva por el plazo de 30 días.
El imputado, Waldo Javier Bustos, fue asistido por la defensora oficial en lo Penal Nº 3, Stefanía Cifuentes. La acusación fue realizada por el fiscal Esteban Roche y la fiscal adjunta María José Guiñazú, de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 3, quienes solicitaron la prisión preventiva al considerar que existen riesgos procesales y peligro de fuga.
Según la fiscalía, los hechos ocurrieron en la zona de calle Falucho, en la ciudad de San Luis, en un complejo de departamentos propiedad del padre del imputado, donde residen las víctimas. El primero de ellos se habría producido el 5 de octubre de 2024, cuando Bustos tomó un teléfono celular que una mujer había dejado sobre una mesa en el patio común del complejo habitacional. La calificación legal provisoria es hurto simple.
El segundo hecho fue denunciado el 25 de marzo de este año, cuando el imputado ingresó a un departamento alquilado por un vecino y se llevó una notebook y una motosierra. La víctima logró recuperar uno de los objetos. Este episodio también fue encuadrado como hurto simple.
El tercer episodio data del 6 de abril. Según la acusación, Bustos cruzó una medianera hacia una vivienda lindante y se apropió de elementos de construcción, entre ellos una ventana de madera con reja. La fiscalía calificó el hecho como robo simple.
El último hecho atribuido es del 9 de abril. Bustos fue señalado por ingresar a una vivienda tras romper la reja de una ventana y sustraer un parlante y 10 mil pesos. Este hecho también fue encuadrado como robo simple.
Durante la audiencia, la fiscalía sostuvo que la gravedad y reiteración de los hechos, así como el conocimiento del imputado sobre las víctimas y su entorno, justificaban la imposición de la prisión preventiva para asegurar la investigación. También se mencionó el riesgo de entorpecimiento, ya que las personas damnificadas residen en la misma zona y serían conocidas por el acusado.
Por su parte, la defensa propuso medidas alternativas, como la prisión domiciliaria o la prohibición de acercamiento al lugar de los hechos. Argumentó que Bustos no cuenta con antecedentes penales y que los hechos ocurrieron hace más de un mes y medio, lapso de tiempo en el que no tuvo intención de acercarse a las víctimas. También señaló que su defendido podría residir en el domicilio de un familiar fuera del barrio.
Finalmente, la jueza Lazarte Otero dio por formulados los cargos tal como fueron presentados por la fiscalía y resolvió hacer lugar al pedido de prisión preventiva por 30 días, ordenando su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. La magistrada consideró que existen elementos de convicción suficientes sobre la participación del imputado, y que corresponde cautelar tanto la integridad de las víctimas como el desarrollo del proceso.