Este miércoles, la ministra del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Carolina Monte Riso, el Procurador General de la Provincia, Dr. Luis Martínez, y fiscales del Poder Judicial, se reunieron con el Ministro de Seguridad Luciano Anastasi, y autoridades de la Policía de la provincia, con el propósito de dialogar sobre los cambios de paradigma que traerá aparejado la implementación del nuevo Código Procesal Penal de San Luis, que se pondrá en marcha a partir del 1º de febrero de 2022.
En este sentido, el Procurador sostuvo que “el Código nos exige ser iguales. A los fines del sistema procesal, tenemos que trabajar juntos”. En relación a esto, se dirigió a los efectivos policiales presentes: “lo que produzcan ustedes es lo que va a llevar al éxito del Ministerio Público Fiscal (MPF) y lo que presenta el MPF depende inexorablemente de cómo trabajemos con ustedes. Tiene que ser una relación de estricta confianza entre todos nosotros”.
A su vez, el Dr. Martínez enfatizó en que el éxito del nuevo código es colectivo, “por eso nos tenemos que preparar juntos. El Ministerio Público (MP) cumple eficacia con ustedes, sin ustedes es imposible. Ustedes son el eslabón material para que el fiscal pueda llevar adelante una estrategia de investigación”.
Por otra parte, la ministra del Alto Cuerpo Judicial explicó la transformación que significará para el rol del policía en la investigación de los delitos. En ese aspecto, expresó que no habrá sumario policial “porque la investigación del delito va a estar a cargo del fiscal, que no significa que la policía deje de trabajar en el sumario. Es distinto, porque inmediatamente tomado el conocimiento del hecho delictivo, que en el 99% de los casos va a ser a través de la denuncia, se le dará inmediata intervención al Ministerio Público, que va a tener territorialmente ayudantes fiscales, que ya estamos llamando a concurso para cargos en Quines, Naschel, La Toma, Tilisarao, San Martín, Villa Mercedes, La Punta, Justo Daract, Buena Esperanza o Nueva Galia, Merlo, Concarán o Santa Rosa y ciudad de San Luis. Entonces habrá una presencia territorial del MP en distintas localidades. Estos van a tomar la primera intervención con la policía, es decir, las responsabilidades son conjuntas, el trabajo es conjunto”.
Asimismo, la Dra. Monte Riso hizo hincapié en el trabajo en equipo, “tenemos que trabajar en conjunto para que los fiscales aprendan de ustedes y ustedes aprendan de los fiscales, porque ustedes saben de investigación, de preservación de la prueba y del lugar, y ellos saben cómo jurídicamente darle forma para que después no sea cuestionable. Entonces, en todas las causas que se inicien a partir del 1º de febrero, tomará intervención el Ministerio Público Fiscal, la diferencia es que ustedes se comunicarán con el fiscal, por eso es importante que se conozcan.”
Por último, destacó la importancia de conocer el objetivo del nuevo Código que es “dar respuestas más rápidas a la sociedad. Este código está orientado a garantizar la inmediatez”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Luciano Anastasi, agradeció la invitación a la jornada y manifestó que “no tenemos que olvidarnos de que la justicia es un servicio más que está destinado a los ciudadanos. Creo que podemos hacer un esfuerzo para que, independientemente del proceso de administración de justicia, también lograr una contención social, fundamentalmente para que haya confianza en la institución”.
Finalizada la exposición, se dio lugar a una ronda de preguntas donde las y los participantes despejaron sus dudas. Además de los fiscales de la provincia, y la Plana Mayor de la Policía provincial, también estuvieron presentes autoridades y docentes del Instituto Superior de Seguridad Pública “Coronel Juan Pascual Pringles” y equipos de trabajo del Departamento de Investigación de Delitos Complejos del Poder Judicial de San Luis.
SOBRE EL CÓDIGO PROCESAL PENAL
Entrará en vigencia el 1º de febrero del año próximo. La actualización de este Código se enmarca en una profunda reforma judicial provincial cuyo objetivo principal es la de brindar un servicio de justicia que responda al contexto social y cultural moderno y a los requerimientos de la ciudadanía de respuestas ágiles y eficientes ante un delito.
Se trata de una evolución, un cambio de perspectiva del actual sistema inquisitivo donde las facultades de acusar y juzgar recaen en la misma persona -el juez de instrucción- a otro más participativo y diferenciado en sus roles, que brinde seguridad jurídica y respuestas al reclamo ciudadano de un mejor servicio de justicia.