La audiencia de formulación de cargos se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 3.
Una mujer recibió en su cuenta judicial –utilizada para percibir cuota alimentaria- una suma de más de 500 millones de pesos. La titular de la misma –con un remanente de más de 44 millones- realizó transferencias a otras personas, compras, pagos, y numerosas transacciones.
La causa se originó por una denuncia del tesorero del gobierno de la provincia en la Primera Circunscripción Judicial, allí se declararon incompetentes al corroborar que la cuenta de destino pertenecía a una persona de Villa Mercedes y se remitió la causa a la Segunda Circunscripción Judicial.
La Fiscalía representada por la Dra. Daniela Torres, explicó que el pasado 6 de mayo se realizó una transferencia desde el gobierno provincial por $510.236.811 a la cuenta de la imputada Verónica Acosta. La tesorería al advertir esta situación, informó a la entidad bancaria por lo que la cuenta se congeló y se realizó un reverso por $465.690.542 quedando como liquidez o remanente la suma de $44.546.269 de la que habría dispuesto la titular de la cuenta.
La totalidad del dinero transferido pertenecía a la partida presupuestaria destinada a las cuentas judiciales en concepto de cuota alimentaria de empleados públicos.
De la investigación surgió que se realizaron transferencias a cuentas propias –creadas para tal fin-, a los otros imputados y hasta personas de otras provincias, compras, pagos de impuestos, etc.
En aproximadamente 10 minutos se realizaron 12 transferencias y en 24 hs más de 60. Todas estas transacciones a través de dispositivos electrónicos y billeteras virtuales. Cabe mencionar que los movimientos en las cuentas judiciales no pueden superar los $500.000.
La Fiscal expresó que se trató de una maniobra delictual con un plan previo con la idea de vaciar la cuenta para beneficiarse. Los movimientos se hicieron de manera reiterada explicó y con un accionar ilegítimo afectando a la comunidad y al tránsito bancario “este dinero es parte de la sociedad Sanluiseña” dijo y agregó que esta serie de maniobras fueron en perjuicio del patrimonio de la sociedad puntana.
Por otra parte mencionó que se realizaron allanamientos en donde secuestraron diversos elementos como auto, moto, electrodomésticos, elementos de construcción (cerámicos, pegamentos, etc) accesorios de baño, colchón, entre otros.
Formuló cargos a Nicolás Gil, Verónica Acosta, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil por los delitos de defraudación mediante el uso indebido de tarjeta de compra, crédito o débito (Art. 173 inc. 15); por fraude en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc 5); y por retención indebida (Art. 173 inc. 2). Adelantó que pediría la medida más gravosa.
A su vez, el Dr. Flavio Ávila en representación de la fiscalía de estado, adhirió a la formulación expresada por Fiscalía teniendo en cuenta los hechos y de cómo sucedieron en relación a la utilización, la maniobra, la peligrosidad por el uso de herramientas tecnológicas para realizar las acciones delictivas.
En tanto que la Defensa Oficial representada por las Dras. Silvia Moran y Ximena Bertoli hicieron reserva de plantear su propia teoría del caso y solicitaron una prórroga de detención por siete días. Asimismo solicitaron para dos de las imputadas que la detención sea domiciliaria por encontrarse en período de lactancia.
Ante este pedido, Fiscalía y Querella no estuvieron de acuerdo por los riesgos procesales existentes, entre ellos mencionaron: saldo que no se recuperó, los titulares de las cuentas a donde se transfirió dinero, riesgo de fuga, etc.
La Dra. Antonela Panero –Juez Subrogante del Juzgado de Garantía Nº 3- hizo lugar a la formulación de cargos en los términos que pidió Fiscalía, otorgó la prórroga de detención para los seis imputados por el término de siete días, fijando audiencia para el próximo 16 de mayo.
En relación a dos de las imputadas, otorgó detención domiciliaria atento al período de lactancia, considerando la perspectiva de género.
Asimismo, y en atención a un pedido de las partes, se autorizó el peritaje de los teléfonos personales de los imputados para analizar los movimientos desde el 6 al 8 de mayo en relación a transferencias y todo tipo de transacción como así también las comunicaciones.
Por otra parte, la magistrada autorizó la apertura de una cuenta judicial para destinar el dinero que se recupere y a los fines de la protección del mismo.
En representación del MPF intervinieron las Dras. Daniela Torres y Mariana Olguín. En representación de Fiscalía de Estado el Dr. Flavio Ávila y por el MPD las Dras. Silvia Moran y Ximena Bertoli. Como Secretaria del Juzgado lo hizo la Dra. Natalia Pereyra Cardini.
Prensa Judicial Villa Mercedes