“Buenos días señor B.F., estuve leyendo todos los papeles que mandaron del Servicio Penitenciario y como ha estado portándose bien va a poder salir de la cárcel con libertad condicional”. Lejos de las expresiones en latín y los tecnicismos propios del lenguaje judicial, así comienza el párrafo de una sentencia que emitió en febrero la jueza Laura Molino, a cargo del Juzgado de Sentencia en lo Penal, Correccional y Contravencional y de Ejecución Penal de la ciudad de San Luis.
En el escrito, la magistrada le comunica al interno, de forma directa y personal, en qué condiciones accedía al beneficio y qué requisitos debía respetar obligatoriamente para no perderlo. A lo largo de todo el apartado, la redacción de la medida es entendible y de fácil lectura.
“Recuerde que, si se muda y no pide permiso, el juzgado podrá hacerlo volver a la cárcel y deberá cumplir el tiempo de condena que le falta más el tiempo que no cumplió con esta regla. Por último, no olvide que si no cumple con sus otros deberes también se le puede alargar el tiempo de la condicional, e incluso volver a la cárcel”, dice en otro fragmento el escrito de 15 hojas.
A lo que apunta el juzgado con este tipo de comunicaciones es facilitar la comprensión por parte de los justiciables de las resoluciones y demás documentos o comunicaciones generados en el desarrollo de la función judicial, especialmente cuando estos se dirijan a quienes conforman grupos vulnerables.
“Este tipo de redacciones está orientada a que si saben leer siempre tengan de respaldo la sentencia para recordar de forma clara las reglas de conducta. Y si no saben leer, para que algún familiar o amigo también pueda ayudarlos, más aún cuando son quienes ejercen la principal función de contención de los penados al momento de recuperar la libertad”, explicó Molino.
Por esto, desde hace varios meses Molino y su equipo de trabajo implementan el lenguaje claro con los objetivos de reducir las dificultades de comunicación que afecten la comprensión de un acto judicial, y garantizar el acceso a justicia.
“Lo venimos aplicando desde el año pasado, sobre todo al disponerse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, donde las audiencias de notificación con la Penitenciaria comenzaron a ser en su mayoría de forma virtual. Antes al ser notificados en el juzgado le explicaba de forma verbal lo que significaba cada punto y me aseguraba de que se fueran entendiendo todo. Por ahí eso por video conferencia se complica”, comentó la jueza.
La magistrada incorpora, además, la aplicación de las Reglas de Brasilia para Acceso a la Justicia de personas en condición de vulnerabilidad y la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el ámbito Iberoamericano, que ofrecen recomendaciones para que se posibilite a los/las destinatarios/as de decisiones judiciales el acceso a una sentencia en formato de lectura fácil.
En este sentido, su experiencia en el fuero de Ejecución Penal le hizo notar a Molino que muchas veces los/las internos/as no lograban comprender del todo los alcances de las sentencias y que en muchos casos se debía al lenguaje que utiliza la justicia, cargado de tecnicismos y expresiones en latín.
“Con motivo de la ansiedad propia que genera el recupero anticipado de su libertad, los internos no reparan muchas veces en el significado de las condiciones que deben cumplir a fin de continuar en la situación de libertad a la que están por acceder. Si bien se les hace entrega de una copia de la resolución recaída a su favor, es probable que por el lenguaje que utilizamos los operadores judiciales, su posterior lectura no les resulte clara”, comentó la jueza.
Es por esto que desde el juzgado se promueve que, en las notificaciones y requerimientos, se utilicen términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades particulares de las personas en condición de vulnerabilidad y que se empleen términos sencillos, sin perjuicio de su rigor técnico.