Así lo expresó la Defensora General de la Nación, respecto a la baja de la edad de imputabilidad que afecta a los menores de edad en conflicto con el sistema penal.
El viernes pasado la Dra. Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, visitó la provincia de San Luis en el marco de actividades institucionales y del dictado de una clase magistral en la capacitación de posgrado “Especialización para la Defensa”.
En la oportunidad, la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional dialogó con la Funcionaria sobre temas de actualidad como la baja de la edad de imputabilidad, entre otros:
Recientemente el Gobierno Nacional anunció que está trabajando en un proyecto de ley para hacer efectiva la baja de la edad de imputabilidad ¿qué piensa al respecto?
Yo estoy absolutamente en contra de que se baje la edad de imputabilidad. Creo que el problema es exactamente al revés, lo que hay que hacer es trabajar seriamente con las personas que tienen menos de 16 años y esto no se hace ni con cárcel ni con el proceso penal de un adulto, esto se hace con mecanismos alternativos como la justicia restaurativa o métodos composicionales, que es totalmente distinto a integrarlo en un sistema que ha demostrado que no funciona bien. Por otro lado, hay que pensar que la cantidad de delitos que comete esa franja etaria -menores de 14 a 16 años- es insignificante, en realidad la cantidad de delitos graves está anclada en la franja que va de 18 a 25 años, a veces un poquito más, pero no para abajo. Esto significa que vamos a criminalizar a niños de 14 y 15 años con un resultado negativo, porque hasta tenemos índices de reincidencia altísimos, tenemos un patronato de liberados, tiene otro nombre ahora pero es lo mismo, que todavía está en vías de formación y me parece que aumentar la carga de la gente que es absorbida por el sistema penal como funciona hoy en día, lejos de ser un alivio o aumentar la seguridad va a provocar el efecto exactamente contrario. Además, a raíz de que se impusieron penas perpetuas a menores de edad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sacó una sentencia sumamente clara a partir de la cual le ordena al Estado Argentino que modifique su legislación, dictando una ley nueva porque la que se encuentra vigente data de la época de la dictadura y es mala, aunque considera mecanismos positivos como esperar a ver si hay un progreso en el adolescente que realizó una conducta disvaliosa que habitualmente si el hecho es grave no se aplican, entonces. La CIDH afirmó que la nueva ley debe considerar la enorme cantidad de parámetros que ha dado la misma CIDH en sus sentencias, la Comisión interamericana en los informes de fondo y libros, que estos últimos son informes de las Relatorías y existe uno sobre justicia juvenil. Es decir, hay mucho material para tener en cuenta y cabe aclarar que en todos los casos está fijo el principio de no regresividad, es decir que si un país alcanzó un estándar positivo no puede retroceder, si yo tengo la imputabilidad en 16 puedo subirla pero nunca bajarla porque sino estoy retrocediendo, estoy empeorando el estándar. Entonces teniendo en cuenta estos factores me parece que sería un terrible error, concuerdo con que hay que modificar la ley y otorgar más elementos a los jueces, pero sobre todo hay que cambiar la mentalidad de manera profunda. Quienes se ocupen de los niños y adolescentes tienen que ser tribunales no sólo formados por abogados, sino por psiquiatras, antropólogos, psicólogos, trabajadores sociales, por lo tanto la mirada tiene que ser interdisciplinaria y acompañada por el Estado con soluciones concretas, a partir de centros de acogida, no para privarlos de la libertad, sino para captar a los jóvenes que están sin rumbo. En esos espacios físicos se podrán enseñar talleres, en donde los menores puedan descubrir su vocación y hacer deportes.
¿Actualmente en el país existen esos centros de acogida?
Lo que hay es muy poco, en algunos lugares existen y en otros no. Por otro lado en las localidades en lo que hay se usan poco. Lamentablemente, la mayoría de los jueces prefieren encerrar y en esto ayuda la sociedad porque cuando un menor o cualquier persona comete un delito, la prensa agranda y presiona, piden el juicio político de un juez que dejó alguien en libertad, aunque esto fuera legalmente correcto y aquí no me estoy refiriendo a ningún caso concreto. Entonces es mucho más cómodo que el menor esté encerrado, lo que pasa es que si seguimos así va a ser más cantidad la gente encerrada que la que esté afuera y esto no es sano.
La próxima semana se publicará por este medio, la segunda parte de esta entrevista en la que la Dra. Martinez se refiere al sistema garantista y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre las sentencias de la Corte Interamericana y el beneficio del 2×1 para los condenados por delitos de lesa humanidad.
Redacción: M.C. Hang
Corrección: S. Lucero