El Tribunal de Impugnaciones de la ciudad de San Luis no hizo lugar a un pedido de cese de la prisión preventiva presentado por la defensa de un joven de 21 años, imputado por los delitos de abuso sexual, amenazas y desobediencia de una orden judicial en perjuicio de su ex pareja. La medida fue tomada tras una audiencia de revisión realizada este martes a la mañana y solicitada por Héctor Zavala Agüero, abogado del acusado.
El Tribunal, integrado por Jorge Sabaini Zapata, Adriana Lucero Alfonso y María Monserrath Bocca, determinó que la medida de coerción debía ser mantenida tal como había sido dictada por el Juzgado de Garantías en la audiencia de formulación de cargos, es decir, por 120 días.
Ese será el plazo que tendrá el Ministerio Público para reunir toda su evidencia y culminar con las pruebas pendientes en la causa, sin perjuicio de que puedan solicitar una prórroga. Vale recordar que el tiempo de la prisión preventiva es distinto al que podría recaer en caso de una eventual condena. Contra el acusado existe, además, una orden de restricción de acercamiento vigente.
Los hechos que se investigan ocurrieron presuntamente en enero de 2023 en el Barrio La República de la capital puntana. La víctima denunció que el 20 de enero a la madrugada se despertó y descubrió que se encontraba atada a la cama con un pantalón y un pañuelo. En esa situación, la mujer dijo que su ex novio la obligó, bajo amenazas, a mantener relaciones sexuales.
Un día después, de acuerdo a la descripción de los hechos que realizó la Fiscal N° 4 María del Valle Durán, el imputado ingresó a la vivienda de su ex pareja, la llevó hasta el dormitorio y la golpeó. También la amenazó con cortarle la fístula por donde a la mujer le hacen diálisis y que luego se iba a llevar a la hija de un año que tienen en común a Mendoza.
Zavala dijo que no existen indicios suficientes de la participación de su defendido. “Solo se tiene la declaración de la mujer y un examen médico que dice que no se observan lesiones vigentes”, dijo el abogado y solicitó el cese de la prisión preventiva.
“Pido que se autorice a mi defendido a fijar domicilio en El Trapiche y que se le ordene la obligación de presentarse ante el Juez o ante la autoridad que se designe. Él tiene arraigo en la provincia, su trabajo en el Plan Progresar Trabajo y su familia”, sostuvo.
La fiscal Durán, acompañada de la fiscal adjunta Claudia Heit, pidió que se rechace la solicitud del defensor y dijo que sobran los elementos de convicción contra el acusado. “El testimonio de la víctima tiene que ser valorado con perspectiva de género. También tenemos como testigo al hermano menor del imputado”, explicó la funcionaria del Ministerio Público.
Además, dijo que existe en la presente causa el riesgo procesal de entorpecimiento debido a la relación con la víctima, ya que podría influir en las entrevistas que tome la Fiscalía, como así también el de la familia de la damnificada con la que el imputado tiene una hija en común. También, sostuvo Durán, se debe tener en cuenta el riesgo de fuga, toda vez que el imputado no tiene trabajo estable, es de la Provincia de Mendoza, donde ha amenazado irse con la hija menor de ambos.
La fiscal también mencionó que la víctima ha sufrido violencia, física y psicológica, “existiendo una causa por violencia en el Juzgado de Garantía 3, que evidenció que la mujer se encuentra inmersa en un contexto de violencia de género, y en riesgo, ya que el imputado no sólo que no está dispuesto a cumplir la medida ordenada, sino que la vivienda de su progenitora se encuentra al lado de la vivienda de la víctima, de donde en virtud de las agresiones fue excluido; agresiones que perpetra aun en presencia de su hija menor”, dijo.
