En el artículo se sintetizan las medidas adoptadas en algunas jurisdicciones del país y refleja la posición del CEEP sobre una serie de medidas que podrán ser tomadas por las distintas agencias estatales.
El Instituto de Capacitación e Investigación del Poder Judicial de San Luis recibió un informe del Centro de Estudios de Ejecución Penal (CEEP), que ofrece un diagnóstico sobre la situación de la privación de libertad en Argentina en tiempos de emergencia por COVID-19.
En este documento se sintetizan las medidas adoptadas en algunas jurisdicciones del país y refleja la posición del CEEP sobre una serie de disposiciones que podrán ser tomadas por las distintas agencias estatales, para mitigar el impacto de la pandemia en las cárceles de nuestro país.
La privación de la libertad en tiempos de COVID-19
De acuerdo con las estadísticas más recientes disponibles a nivel nacional, a diciembre de 2018 había 94.883 personas detenidas en las cárceles de Argentina, cifra que ascendía a 103.209 al adicionar aquellas alojadas en comisarías. En ese entonces, y a la fecha, aún se encuentra pendiente la contabilización de personas privadas de libertad en otros espacios de encierro como las instituciones para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal y dispositivos de internación de salud mental.
El encierro de personas en nuestro país ha crecido de forma sostenida en la última década. Proceso acelerado desde 2016, se replica también en la tasa de encarcelamiento a nivel nacional, cálculo que evidencia la cantidad de personas detenidas cada 100.000 habitantes.
Se trata de un indicador que permite medir la intensidad con la que un país o región utiliza la privación de libertad. En términos comparativos, Argentina ocupaba para 2018 una posición intermedia a nivel regional.
Al igual que otros países que han vivido un incremento acelerado de su población detenida, como los EE. UU. desde fines de los años ochenta, la Argentina no lo ha acompañado con la construcción de nuevas plazas carcelarias. Ese déficit en la capacidad de alojamiento ha provocado el aumento del hacinamiento en el conjunto de los sistemas penitenciarios provinciales y el federal: el cálculo para 2018 indica que las cárceles argentinas funcionaban con un 22% de sobrepoblación, y que el escenario, en algunas jurisdicciones como la bonaerense, se encontraba sensiblemente agravado. Considerando el desapego a los estándares internacionales con que se contabiliza oficialmente la capacidad de alojamiento de los espacios de encierro, y la ausencia de criterios claros en los que se basan para calcularla, es además altamente probable que la situación real sea aún más acuciante.
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SOBRE EL CENTRO DE ESTUDIOS DE EJECUCIÓN PENAL
El CEEP es un espacio académico creado por Resolución 11.716 del Decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su finalidad es promover debates, investigaciones y la formación de especialistas en la materia, así como colaborar con proyectos tendientes a adecuar el funcionamiento del sistema de ejecución penal a los objetivos de la Constitución y garantizar la vigencia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Los objetivos del Centro son relevar periódicamente las prácticas, programas y proyectos relativos a la privación de libertad en nuestro país, y fomentar el desarrollo de propuestas y acciones que transfieran el conocimiento acumulado y la capacidad técnica reunida en el centro a favor de los actores vinculados a la problemática de la ejecución de la pena.
Redacción: J.N. Sanchez
Corrección: V. Besso