La creación del Juzgado en 2017, con materia específica en ejecuciones fiscales, contribuyó a darle más celeridad a las causas de apremios al sacarlas del ámbito del Juzgado Civil o Paz Letrado y, al mismo tiempo, aliviar esas dependencias.
Este 16 de mayo, el Juzgado de Ejecuciones Fiscales, el primero de su tipo en la provincia, cumple su quinto aniversario. Esta dependencia judicial tramita los juicios de apremios (cobro de tasas, multas y otro tipo de contribuciones) con base en deudas al fisco ya sean de impuestos como también de servicios. De esta manera, esos fondos vuelven al Estado para la prestación de servicios públicos esenciales.
Me gustaría destacar que el actual equipo de trabajo, con el correr de los años, se ha ido formando y especializando en la materia que nos ocupa, lo cual permite optimizar el rendimiento, además de que siempre han mostrado buena predisposición al servicio.
Dr. Matías Mezzano -Juez de Ejecuciones Fiscales-
En estos cinco años de trabajo, el Juzgado de Ejecuciones Fiscales tramitó 47.793 expedientes, entre los cuales hay expedientes remitidos -ya en trámite desde los juzgados civiles-, aunque la gran mayoría se trata de nuevos ingresos.
Además, en 2018, mediante Acuerdo Nº 508, las competencias de la oficina fueron ampliadas para atender no solo apremios del Estado provincial sino también, los de todos los municipios de San Luis. Este cambio trajo aparejado la designación, por parte del Superior Tribunal, de mayores recursos materiales y humanos necesarios para cumplir con el servicio.
Por otro lado, la política de implementación de dispositivos tecnológicos que facilitan procesos administrativos en la justicia de San Luis, aceleraron la dinámica del Juzgado de Ejecuciones. Entre estos, el reglamento de expediente electrónico que facilitó el envió de notificaciones y demás medidas necesarias para el trámite procesal a los justiciables, y simplificó la tarea de ejecutores fiscales y abogados; y la implementación del sistema de subasta electrónica, que aportó transparencia al proceso y permitió mejorar el valor de los bienes subastados en beneficio del deudor y posibilitar una adecuada satisfacción del crédito del acreedor.